Unidos x Laredo discrepa de la interpretación de la consejería de obras públicas sobre el “silencio administrativo” derivado  del Informe de adscripción de la Demarcación de Costas.

Esta formación política considera que la Ley de Costas existe para proteger los recursos naturales y garantizar el desarrollo sostenible de las áreas costeras, y compartimos esta visión de preservación ambiental. También reconoce la importancia de un equilibrio adecuado entre el desarrollo educativo y la conservación de nuestro entorno marítimo.

Hoy han conocido a través de la prensa regional que: “Por su parte, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, departamento en el que se integra Obras Públicas, esgrime que la notificación de Costas está «fuera de plazo» y, por ello, no parece preocuparle que haya consecuencias”. 

Por tanto, parece que el Gobierno de Cantabria se  acogería  a la figura del «silencio administrativo» para permitir la construcción del Centro de FP Náutico Pesquero. Sin embargo, desde Unidos x Laredo consideran que no es correcto, si acudimos a lo que establece  el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

De acuerdo con el artículo 75.2 de dicho reglamento, cuando ha transcurrido el plazo máximo para tramitar una solicitud de utilización del dominio público marítimo-terrestre sin que se haya emitido una resolución expresa, se considera que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Esto significa que, en este caso, el silencio administrativo es negativo, no positivo como se ha mencionado en el informe.

Ramón Arenas, portavoz municipal de UxL ha manifestado su preocupación por la situación legal en la que queda la construcción del edificio que está sin finalizar, por las posibles e inciertas consecuencias sobre su futuro.

Unidos x Laredo aboga por el respeto a la legalidad y la transparencia en los procesos administrativos. Creemos que es esencial aclarar esta cuestión y que se sigan los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Además, instamos a que se continúe el diálogo entre todas las partes involucradas para encontrar una solución que beneficie tanto a la educación como a la preservación de nuestro entorno costero.

About Author